El Parlamento cubano culmina así la labor que empezó el pasado mes de octubre cuando ratificó a Miguel Díaz-Canel como presidente del país, cargo que asumió en abril de 2018 en una histórica transición de poder que por primera vez situó en la cúspide política a alguien sin el apellido Castro.
La nueva Carta Magna desdobla el Poder Ejecutivo, que recae sobre Díaz-Canel como presidente del país y sobre el primer ministro, puesto hasta ahora inexistente que dirigirá el Consejo de Ministros.
El primer ministro se elige por mayoría absoluta de la Asamblea Nacional, aunque a propuesta del presidente, para un período de cinco años. Debe tener al menos 35 años, nacionalidad cubana y ninguna otra y ser diputado. Además, debe gozar plenamente de sus derechos civiles y políticos.
La Constitución, aprobada primero en referéndum y después en la Asamblea Nacional, crea una nueva estructura política, aunque mantiene la carga ideológica --ya que el único cambio a este respecto es la renuncia a la utopía comunista--, y da forma jurídica a la apertura económica impulsada por Raúl Castro.
En materia de Derechos Humanos, el principal cambio operado por la reforma constitucional iba a ser la legalización del matrimonio homosexual, pero finalmente se descartó. Amnistía Internacional ha lamentado que, si bien "a primera vista parece fortalecer los Derechos Humanos", en realidad los limita a las leyes cubanas.
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