Las autoridades protestantes con feligreses en Cuba han denunciado la aplicación del decreto aprobado en abril de 2005, que impide el uso de casas particulares para la celebración del culto, como un intento del Gobieno cubano de paralizarles. Las autoridades protestantes con feligreses en Cuba han denunciado la aplicación del decreto aprobado en abril de 2005, que impide el uso de casas particulares para la celebración del culto, como un intento del Gobieno cubano de paralizarles.
Según sus estimaciones, en estos momentos habría entre 10.000 y 15.000 casas particulares que sirven como iglesias, la mayor parte de ellas como centro de concentración de grupos de hasta 200 fieles.
Los luteranos, junto a los Testigos de Jehová serían las comunidades más afectadas por esta disposición, en la que se fijan multas de 1.000 dólares y cierres.
Sin embargo, la Iglesia Católica, la de mayor implantación en Cuba, no parece verse afectada por esta regulación y ha declinado hacer cualquier comentario sobre este asunto. Los ministros protestantes hablan de «represalia directa» contra la decisión de los representantes de las iglesias Baptista y Asamblea de Dios, las principales confesiones luteranas de la isla de no integrarse en el Consejo Ecuménico de Cuba, un organismo creado por el Gobierno para la interrelación Iglesia-Estado, al que califican como poco o nada representativo. Para los líderes de esta confesionalidad la directiva de abril es un paso más en la intolerancia del Gobierno cubano y un intento velado de poner en peligro la libertad religiosa, asegurada por la Constitución.
