El gobernador de Florida, Rick Scott, ha visto cómo la Justicia estadounidense le ha dado la espalda al desautorizar una ley firmada por él mismo que bloqueaba contratos por valor de un millón de dólares (o superiores) a compañías que mantengan vínculos comerciales con la mayor de las Antillas. El gobernador de Florida, Rick Scott, ha visto cómo la Justicia estadounidense le ha dado la espalda al desautorizar una ley firmada por él mismo que bloqueaba contratos por valor de un millón de dólares (o superiores) a compañías que mantengan vínculos comerciales con la mayor de las Antillas.
“La ley de Florida va mucho más allá de la ley federal por numerosas vías y menoscaba el ejercicio del presidente sobre una discreción dada por el Congreso”, decretaron los jueces en el fallo, que por cierto contó con unanimidad. “La ley entra en conflicto directamente con el extenso y altamente calibrado régimen de sanciones contra Cuba, promulgadas por los poderes legislativo y ejecutivo durante casi cincuenta años”, agregó el documento.
En otras palabras: que Florida no puede obstruir las decisiones estratégicas trazadas en Washington sobre asuntos de política exterior y comercio global, ni tiene jurisdicción para convertirse en un nuevo brazo legal del embargo. La decisión constituye un duro golpe a Scott y la Legislatura estatal de la Florida, y le da un espaldarazo legal a la firma Odebrecht Construction USA, radicada en Coral Gables.
Después de amplios debates en torno a la propuesta legislativa, especialmente en el condado Miami-Dade, el gobernador Scott había firmado la ley el primero de mayo del 2012. Apenas semanas después Odebrecht Construction USA apeló la medida ante un tribunal federal de Miami y el juez Michael Moore dictó una orden preliminar congelando la aplicación de la ley. El Departamento de Transporte de Florida (FDOT) respondió apelando el veredicto ante el Onceno Circuito de Atlanta, a fines del pasado año.
