Muchos negocios de ‘cuentapropistas‘ (es decir, emprendedores) han sido clausurados en los últimos meses a raíz de una ofensiva contra las «violaciones urbanísticas», según ha informado el gobierno de Raúl Castro, que está aplicando severas medidas de control sobre estos locales. Muchos negocios de ‘cuentapropistas‘ (es decir, emprendedores) han sido clausurados en los últimos meses a raíz de una ofensiva contra las «violaciones urbanísticas», según ha informado el gobierno de Raúl Castro, que está aplicando severas medidas de control sobre estos locales.
El Instituto Nacional de Planificación Física (IPF) se ha convertido en el organismo gubernamental para aplicar mano dura contra las presuntas infracciones al urbanismo y decretar el cierre de decenas de espacios de negociantes por cuenta propia en La Habana.
La entrada en acción del IPF se produce al calor de una campaña oficial contra las irregularidades e indisciplinas sociales, localizadas muchas de ellas en el área de ordenamiento territorial y desarrollo urbanístico. En abril del pasado año, Raúl Castro nombró al General de División Samuel Rodiles Planas como presidente del IPF con la tarea de poner en orden y disciplina en esa esfera.
Según las declaraciones de algunos propietarios afectados por las disposiciones recientes, todos aquellos negocios privados que hayan sido enclavados en portales o sitios que afecten al ornato público serán cerrados y obligados a funcionar en el interior de los inmuebles.
Según la explicación oficial, esto sería parte del plan de Raúl Castro de apertura económica para la Isla que trata de animar la consolidación de un incipiente sector privado y la lucha contra la corrupción.
