CADA AÑO en los prolegómenos de la Feria Internacional de La Habana, que se celebra en noviembre, se repite la misma liturgia. Las empresas públicas cubanas, esta vez unas 360, se acicalan para la ocasión y exponen las oportunidades de negocio que ofrecen, junto a otras 2.000 compañías internacionales de unos 60 países. CADA AÑO en los prolegómenos de la Feria Internacional de La Habana, que se celebra en noviembre, se repite la misma liturgia. Las empresas públicas cubanas, esta vez unas 360, se acicalan para la ocasión y exponen las oportunidades de negocio que ofrecen, junto a otras 2.000 compañías internacionales de unos 60 países.
Pero, habitualmente, las esperanzas se desvanecen pronto. Las dificultades que siempre tienen los inversores internacionales para abrirse paso en la maraña burocrática, las redes ‘clienteleras‘ y de ‘resolvedera’ y los impagos habituales se convierten en muros infranqueables y los entusiastas abandonan pronto. Siempre ha sido así, excepto quizá en una época de algo menos de un lustro en la década de los noventa del pasado siglo. Pero siempre también se anuncian cambios inminentes en la supervisión y la regulación que pueden dar la vuelta a esa situación viciada.
En esta edición, la Feria viene precedida de la aprobación de una nueva Ley de Inversión Extranjera que, teóricamente, debe allanar todos los caminos al aportar ventajas fiscales y garantías jurídicas a los inversores extranjeros. Además, sigue pendiente el verdadero lanzamiento de la Zona Especial del Puerto de Mariel, construida con financiación brasileña y en la que el Gobierno cubano ha depositado muchas esperanzas.
Sea como sea, la frialdad de las cifras da una idea cabal de la importancia de la cuestión. El propio Marino Murillo, máximo responsable actual de la economía acaba de repetirlo: Cuba necesita captar unos 2.000 millones de dólares anuales de inversión extranjera (1.575 millones de euros) si quiere reflotar una economía que siempre parece apunto de hundirse.
