La contralora general y vicepresidenta del Gobierno cubano, Gladys Bejerano, ha anunciado que 212 empresas de la Isla serán evaluadas entre el 2 de noviembre y el 11 de diciembre. La Contraloría General tomará en consideración el periodo de enero a septiembre de este año que será auditado por más de 2.000 profesionales. La contralora general y vicepresidenta del Gobierno cubano, Gladys Bejerano, ha anunciado que 212 empresas de la Isla serán evaluadas entre el 2 de noviembre y el 11 de diciembre. La Contraloría General tomará en consideración el periodo de enero a septiembre de este año que será auditado por más de 2.000 profesionales.
En concreto, estos auditores revisarán la contratación económica, el estado de las cuentas por cobrar y pagar, el control y uso de los inventarios, el cumplimiento de normativas para los pagos a privados, el control del combustible y el otorgamiento de subsidios a la población para adquirir materiales de construcción, según ha publicado la Agencia EFE.
Además, según ha adelantado Bejerano, esta actuación afectará fundamentalmente a empresas de los sectores agroalimentario, azucarero, industrial, energético, biotecnológico, del comercio y servicios. Es decir, a aquellas empresas de mayor impacto en el PIB cubano.
La iniciativa es un paso más en el esfuerzo que desde 2009, realiza el Gobierno de Raúl Castro en la lucha contra la corrupción. Estos esfuerzos han llevado a los tribunales a funcionarios locales y empresarios extranjeros por las pruebas obtenidas en las «acciones de control», auditorías y visitas de supervisión a empresas e instituciones estatales que la Contraloría General ha realizado desde su creación en ese año.
Ahora, pese a que Bejarano ha intentando vender esta actuación como de carácter «preventivo y educativo», cuyo principal objetivo sería advertir a tiempo fallos en la implementación de las nuevas transformaciones en el sistema empresarial cubano, a nadie se le escapa que, una vez más, la nueva coyuntura que atraviesa el país es un factor decisivo.
El objetivo de fondo es así, en realidad, el de incrementar la seguridad jurídica y mejorar el clima inversor. Algo que vino a reconocer la contralora general al resaltar como factor explicativo “un escenario en el que las entidades adquieren mayor independencia y libertad”.
