Gladys Bejerano, Vicepresidente del Consejo de Estado y Auditora General de Cuba, ha informado que el 58 % de las 396 empresas y organismos estatales auditados en la Isla en 2015 obtuvo resultados negativos. Gladys Bejerano, Vicepresidente del Consejo de Estado y Auditora General de Cuba, ha informado que el 58 % de las 396 empresas y organismos estatales auditados en la Isla en 2015 obtuvo resultados negativos. De esta forma, tan sólo un 42 % logró una valoración aceptable; mientras que el 19% fueron calificadas como «deficientes» y el 39% como «mal».
Estos resultados corresponden a la X Comprobación Nacional al Control Interno y según Bejerano se deben esencialmente al desconocimiento, así como al «inadecuado uso de las leyes». Por ello, insistió en que el Gobierno cubano impulsará formaciones para el conocimiento de las normas y fortalecemiento de capacidades ya que, a su juicio, la política y la legislación están “bien establecidas”.
Del mismo modo, las autoridades de la Isla reforzarán los mecanismos de control para evitar el “desvío” de recursos. Es decir, las pérdidas ocasionadas por la corrupción. En este sentido, la Auditora General señaló que se han detectado 20 presuntos hechos delictivos y 7 presuntos casos de corrupción en 19 entidades auditadas.
Este ejercicio fue realizado entre el 2 de noviembre y el 11 de diciembre de 2015, por más de 3.000 profesionales y estudiantes universitarios a 209 entidades del sector empresarial; y en él se midieron objetivos como la descentralización de facultades, medidas para afrontar el envejecimiento, el seguimiento a la venta de materiales de construcción y a la entrega de subsidios. Como resultado se aplicarán 1.120 medidas disciplinarias.
Mientras que por lo que respecta al que se ha de desarrollar en este año, se centrará en las cooperativas no agropecuarias, autorizadas por el Gobierno en 2012. Es decir, se ocupará esencialmente de los sectores de comercio, gastronomía, servicios técnicos y personales, construcción e industria.
De cara al futuro, se ha firmado un convenio entre instituciones estatales por el que los estudiantes de las carreras de Contabilidad y Finanzas se ocuparán como auditores al menos durante dos años como parte del servicio social de obligatorio cumplimiento. El motivo es que, hasta la fecha, no se ha logrado completar la plantilla de auditores ya que muy pocos graduados escogen las especialidades de Contabilidad y Finanzas.
