260 familias españolas han recurrido al fondo de inversión 1898 Company para intentar ser compensadas por las expropaciones que se pusieron en marcha en Cuba tras la revolución cubana, según recoge Yahoo Noticias. Además, la sociedad, fundada en 2001, estaría tratando de persuadir a otras 400 familias para que se unan al esfuerzo. 260 familias españolas han recurrido al fondo de inversión 1898 Company para intentar ser compensadas por las expropaciones que se pusieron en marcha en Cuba tras la revolución cubana, según recoge Yahoo Noticias. Además, la sociedad, fundada en 2001, estaría tratando de persuadir a otras 400 familias para que se unan al esfuerzo.
Aunque, como señala la web, los denunciantes no tienen ninguna esperanza mientras Cuba siga gobernada por Raúl Castro, hermano menor de Fidel, fallecido el 25 de noviembre a los 90 años; confían en que las cosas cambien cuando este gobierno sea reemplazado.
Así, consideran que si de verdad se quiere atraer a inversores extranjeros, será necesaria una solución a las expropiaciones ya que el sistema que lo reemplace «necesitará crear un escenario nuevo», según señala Jordi Cabarrocas, fundador de la 1898 Company, quien incide en que «devolver bienes confiscados tranquilizará a cualquier persona que invierta en Cuba de que su propriedad será respetada».
Cabarrocas arguye además, en favor de su tesis, que su fondo ha estudiado 40 casos similares en otros países en el último siglo, en particular en Europa del Este, y que el 90% de las veces se pudieron recuperar bienes confiscados. Sin embargo, otros expertos no comparten su optimismo.
Es el caso de Richard Feinberg, un experto de Cuba en la Brookings Institution de Washington, citado también por Yahoo noticias quien señala que el acuerdo cerrado en 1986 entre Madrid y La Habana, por el que Cuba pagó 40 millones de dólares por algunos bienes confiscados, un tercio en efectivo y el resto en especie, «por lo general cierra el camino a los demandantes».
Sin embargo, Cabarrocas sostiene que dicho acuerdo bilateral no pone fin al litigio. Para ello sostiene que el Tribunal Supremo español dictaminó que, en virtud del derecho internacional, incluso quienes fueron parcialmente compensados en 1986 no habían renunciado a una mayor indemnización más adelante.
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