El gobierno cubano ha vuelto a asegurar a aquellas empresas españolas con las que ha contraído deudas, que cobrarán en el tiempo más corto posible. El gobierno cubano ha vuelto a asegurar a aquellas empresas españolas con las que ha contraído deudas, que cobrarán en el tiempo más corto posible. Los mandatarios cubanos ya advirtieron en abril que dichas deudas serían abonadas en un plazo de dos años y propusieron algunas estrategias de pago diferido que por el momento no parecen haber sido secundadas por ninguna empresa privada.
El pasado abril, el Banco Financiero Internacional SA, diseñó un producto financiero a partir de certificados de depósitos negociables, con un periodo de vigencia de cinco años, intereses al 2% anual y vencimientos sucesivos semestrales de principal e intereses, que bien podrían abrir un espacio al mercado de descuento de dichos certificados. Esto venía a suponer la puesta en marcha del esquema impulsado por algún bufete de abogados de que los bancos españoles con operaciones en la Isla, adelanten el dinero a las empresas que han adquirido la deuda y se encarguen luego de cobrar la deuda que deja pendiente el Estado cubano.
El embajador cubano en España, Alejandro González Galiano, ha asegurado durante una visita a Asturias que la deuda que tiene la mayor de las Antillas con 38 empresas de la comunidad que realizan negocios en la Isla, y que ascendía el pasado mes de abril a 23 millones de euros, será abonada en un futuro «bastante inmediato». Desde el verano de 2009, e incluso antes, las empresas internacionales con intereses en Cuba fueron víctimas de un ‘corralito’ establecido sobre las cuentas corrientes que poseían en los bancos de la Isla. No cobraban tras superarse los plazos establecidos, superiores a un año, ni se realizaban los apuntes en cuenta previos a la verdadera entrada de los fondos de colapso financiero.
González, sin embargo, asegura que la situación económica de la Isla ha mejorado mucho en los últimos tiempos, algo que facilitará el pago de la deuda. De confirmarse, las declaraciones de González marcan una nueva deriva en la relación entre empresas extranjeras y el Estado cubano.
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