La vía reformista sale reforzada del último Consejo de Ministros

El Consejo de Ministros de Cuba ha extendido de diez a veinte años el periodo de posesión de las tierras entregadas en usufructo a personas naturales, a cambio de que éstas cumplan con unos requisitos más estrictos ya que, ahora, los beneficiarios deberán trabajar y administrar de forma directa las «tierras ociosas» entregadas por el Estado cubano. El Consejo de Ministros de Cuba ha extendido de diez a veinte años el periodo de posesión de las tierras entregadas en usufructo a personas naturales, a cambio de que éstas cumplan con unos requisitos más estrictos ya que, ahora, los beneficiarios deberán trabajar y administrar de forma directa las «tierras ociosas» entregadas por el Estado cubano.

La medida persigue alcanzar uno de los grandes objetivos de las reformas económicas impulsadas por las autoridades cubanas durante los últimos años, como es el de aumentar la productividad agrícola de la Isla; y se puede considerar, además, que tiene carácter estructural ya que afectará hasta a un 31% de la superficie agrícola del país caribeño.

Hasta septiembre pasado, las tierras entregadas bajo esta modalidad sumaban más de 1,9 millones de hectáreas, según cifras que recoge Diario de Cuba. Pero informes publicados recientemente por el propio Gobierno de la Isla han venido señalando que, aún con la introducción de reformas como esa, más de la mitad de la tierra cultivable en Cuba, en la práctica, «no se cultiva».

Por ello, esta medida viene a suponer una nueva vuelta de tuerca en el camino reformista y también un respaldo a Raúl Castro y al reaparecido Marino Murillo, el considerado «zar de las reformas económicas» frente a los sectores más inmovilistas del régimen; ya que éstos, con medidas como la fijación de precios de los productos agrícolas y el control de la mayor parte de la distribución, siempre se han opuesto a medidas como el arrendamiento de tierras o la introducción mecanismos de mercado en el sector.

Y es que frente a las explicaciones que argumentan que la baja productividad agrícola de la Isla se debe casi en exclusiva a factores como las malas condiciones meteorológicas; esta medida supone en cierta forma una concesión, o un reconocimiento implícito, a las voces críticas que han apuntado a razones como la falta de propiedad privada y de inversión en las tierras de cultivo agrícola.

El propio Marino Murillo, vicepresidente, exministro de Economía y actual jefe de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo, ha destacado, al anunciar los nuevos cambios, que en la actualidad la solicitud de tierras, una medida que se puso en práctica en 2008, es limitada. Asimismo, el ‘zar de las reformas’ ha apuntado también, según recoge la prensa oficial, a la necesidad de mejorar las condiciones de acceso a las mismas.

Otras novedades introducidas son que el usufructo de las tierras se cancelará si se detecta el empleo de financiación ilícita para su explotación y que se empezará a aplicar gradualmente el pago de impuestos previsto en la Ley por «uso, posesión y ociosidad de la tierra». Unas especificaciones que van en la línea con lo que se ha aprobado también en el campo del trabajo por cuenta propia en otros sectores.

Así, el informe económico sobre el primer semestre del año aprobado por el Consejo de Ministros de Cuba apunta también a que se estudia una actualización de la política de funcionamiento de las cooperativas no agropecuarias, otra de las formas de gestión no estatal impulsadas en los últimos años, con la prioridad de «consolidar las 429 cooperativas ya constituidas» y asegura que «continuará avanzando en el experimento», al mismo tiempo que afirma que corregirá «las desviaciones».

Un anuncio que ha venido acompañado de un reconocimiento explícito de que se considera «ratificado que este modelo de gestión constituye una alternativa para liberar al Estado de la administración de actividades económicas, productivas y de servicios que no se consideren principales».

En definitiva, aparentemente, estamos ante un nuevo giro en la correlación de fuerzas entre los sectores inmovilistas y reformistas del regimen en el que ha podido tener mucho que ver la entrada en recesión, a finales del año pasado, de la economía de la Isla tras verse lastrada por la crisis de Venezuela y el, consiguiente, recorte en los subsidios de petróleo y en la contratación de servicios profesionales que recibía del país presidido por Nicolás Maduro.

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