Cuba y Panamá han firmado un acuerdo cuyo objetivo es el enfrentamiento a la delincuencia organizada transnacional, al terrorismo, la corrupción, el delito económico, el tráfico de drogas y migrantes, y la trata de personas y de órganos. Cuba y Panamá han firmado un acuerdo cuyo objetivo es el enfrentamiento a la delincuencia organizada transnacional, al terrorismo, la corrupción, el delito económico, el tráfico de drogas y migrantes, y la trata de personas y de órganos. La rúbrica se hizo en el marco del Congreso de Ministerios Públicos de Centroamérica, México y el Caribe.
El documento, firmado por la procuradora de Panamá, Kenia Porcell, y el fiscal general de Cuba, Darío Delgado, incluye capacitación académica y profesional de sus instituciones para la prevención y lucha contra el delito. En el pacto se plasma así el compromiso en asesoramiento técnico mutuo en la gestión, organización interna y de métodos de trabajo, técnicas de investigación y de litigación.
La alianza plantea la comunicación directa interinstitucional, aunque no excluye el canal diplomático; y establece la coordinación de criterios en temas de interés mutuo que se debatan en foros y encuentros internacionales. Así, el documento no afectará los derechos y obligaciones de los tratados internacionales rubricados por los países firmantes.
La justicia de Panamá vive actualmente una difícil situación por la investigación más compleja que recuerda el sistema legal del país, tras las revelaciones de la base de datos del bufete de abogados Mossack-Fonseca (MossFon) y la búsqueda de evidencias sobre el presunto delito de lavado de dinero.
Sobre el tema, Porcell aseguró que su institución se ha apresurado en crear la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada y tres unidades de operaciones e información subordinadas a la misma. Además, el fiscal a cargo del caso, Javier Caraballo, ha declarado a Prensa Latina que el análisis de la información tomará tiempo, pues son 11,5 millones de documentos, e hizo el paralelo con la corporación periodística que los obtuvo, ya que tardó un año en los análisis en los que participaron 376 periodistas.
Asimismo, negó que le ayude la reciente publicación parcial de la base de datos en manos del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, porque en la pesquisa penal se ven los hechos, corroborarlos, probarlos y someterlos a un análisis jurídico, explicó.
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