La jueza de Miami, Patricia Ann Seitz, decidió posponer la decisión final sobre si resulta jurídicamente cuestionable una ley estatal aprobada hace dos años y que impide a las universidades e institutos de Florida organizar viajes académicos a Cuba. La jueza de Miami, Patricia Ann Seitz, decidió posponer la decisión final sobre si resulta jurídicamente cuestionable una ley estatal aprobada hace dos años y que impide a las universidades e institutos de Florida organizar viajes académicos a Cuba.
La magistrada fijó una audiencia especial el 22 de julio para que la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), la entidad que impugnó la medida, complete sus argumentos en el litigio. Dos semanas después será el turno para la defensa.
La legislación auspiciada por el representante estatal republicano David Rivera niega el uso de dinero, tanto público como privado, a las universidades estatales para costear intercambios académicos con países que son considerados por EEUU como patrocinadores del terrorismo, entre los que se encuentra Cuba.
Howard L. Simon, director ejecutivo de ACLU, insistió en que la medida es «un instrumento inconstitucional. Muchos académicos y expertos universitarios van a optar por irse a otros estados». Por su parte, Rivera aseguró confiar «en la legislatura estatal de determinar cómo los recursos de las universidades públicas pueden ser o no usados para subsidiar o facilitar viajes a paises terroristas».
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