Cuba vuelve a denunciar la presión financiera de EEUU

EL GOBIERNO CUBANO ha anunciado que la decisión de la Administración Bush de poner a una subsidaria del grupo financiero holandés ING Groep NV en una lista negra por hacer negocios con la Isla, ha tenido un coste para la mayor de las Antillas, en el mes de agosto, de 550.000 dólares. EL GOBIERNO CUBANO ha anunciado que la decisión de la Administración Bush de poner a una subsidaria del grupo financiero holandés ING Groep NV en una lista negra por hacer negocios con la Isla, ha tenido un coste para la mayor de las Antillas, en el mes de agosto, de 550.000 dólares. (438.729 euros) debido la imposibilidad de descargar cuatro buques que transportaban productos por ese valor de EEUU a Cuba. La Netherlands Caribbena Bank, subsidiaria de ING, fue incluida el 28 de julio por Washington en una lista de empresas que negocian con Cuba, por lo que los empresarios estadounidenses tienen desde entonces prohibido tratar con ella. Como consecuencia, los pagos que la empresa estatal cubana Alimport realiza en el mercado de EEUU, por el transporte de las compras que realiza, han sido retenidos, según declaró el ministro de Comercio Exterior cubano, Raúl de la Nuez. Esta nueva medida parece responder a que, pese a que una enmienda en el embargo establecido por la Ley Helms-Burton permite a Cuba comprar alimentos y productos agrícolas de EEUU, siempre que pague al contado, el Gobierno de EEUU busca incrementar el cerco económico sobre la Isla, en un momento que puede resultar crucial para el futuro del país, debido a la enfermedad de Fidel Castro. Funcionarios del Gobierno cubano han señalado también que el embargo estadounidense a su país, le ha causado pérdidas por 86.108 millones de dólares (68.687,5 millones de euros) en los últimos 44 años. Además, según el Gobierno cubano, una decena de bancos y empresas extranjeras, como el suizo UBS o el HSBC británico, fueron obligadas durante el último año a cancelar operaciones y créditos con firmas cubanas, mientras que ejecutivos de las empresas hoteleras españolas fueron advertidos de que sus ejecutivos y accionistas no podrían ingresar en EEUU por explotar propiedades confiscadas a cubanos.

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