El Gobierno cubano establecerá medidas para mejorar la «cultura tributaria» de los empresarios que surgirán a raíz de la salida de un millón de trabajadores públicos de la nómina estatal. Según los analistas, pretende la legalización y consiguiente tributación de muchos negocios que hasta ahora han permanecido en un limbo jurídico e incentivar la apertura de nuevas empresas. Yolanda Álvarez, jefa de la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT), ha asegurado que la organización que dirige está «desarrollando un fuerte proceso de capacitación y de preparación de nuestro personal para que esté a tono con lo que nos ha pedido el país: que la población adquiera una cultura y una conciencia tributaria para que paguen a tiempo sus impuestos».
El Gobierno cubano intentará sacar de esta manera el máximo partido al ingreso de medio millón de trabajadores en el sector privado, tras su despido previo del sector público debido a los recortes anunciados por las autoridades de la Isla. Las autoridades cubanas buscan que los ciudadanos adquieran una «cultura tributaria» como parte del proceso que vive el país en la actualización de su modelo económico. Dentro de estos cambios económicos se encuentra la posibilidad de permitir la apertura de pequeños negocios privados, una buena fuente de ingresos para el Estado si dichos negocios efectivamente tributan.
Según los analistas, el Gobierno cubano pretende la legalización y consiguiente tributación de los muchos negocios que permanecen en la actualidad en un limbo legal. Sin embargo, la directora de la ONAT no ofreció detalles respecto a que impuestos tendrán que pagar los nuevos empresarios o quienes recibirán licencias para pequeños negocios en 178 oficios y cooperativas urbanas de producción de bienes y unos 40 servicios.
Por otra parte, Sonia Fernández explicó que los pequeños empresarios que contraten mano de obra (una novedad en Cuba) deberán pagar impuestos correspondientes al 25% de los salarios de sus empleados. Hasta ahora no se permitía la contratación libre de fuerza de trabajo. Únicamente estaba permitida la contratación de familiares, que se gravaba tal y como se gravará la de nuevos empleados.
Una novedad en la nueva política laboral será la eliminación del seguro de desempleo, que hasta ahora otorgaba a los cesantes hasta un 60% del salario.
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