Los primeros cambios legislativos relacionados con el famoso Plan Económico 2014 han resultado un tanto decepcionantes. Los primeros cambios legislativos relacionados con el famoso Plan Económico 2014 han resultado un tanto decepcionantes. Y no porque se pudieran presuponer grandes intenciones liberalizadoras a la actual cúpula habanera. Más bien lo que vuelve a ocurrir, como tantas otras veces, es que los anuncios chocan luego con lo que realmente se termina publicando en la Gaceta Oficial. Se trata de un proyecto pensado, según la versión del entorno del Gobierno, para “otorgar más independencia y autonomía a la empresa estatal socialista”. De un plan que iba a liberalizar la gestión de las compañías cubanas y orientarla hacia la productividad y la rentabilidad. Y también a liberalizar la relación entre cada empresa y sus trabajadores. O así al menos fue anunciado durante el último trimestre del año pasado por Marino Murillo Jorge, el presidente de la Comisión de Política Económica, y hombre clave en las reformas que Raúl dice querer lleva a cabo.
Pero, de momento, lo avances son bastante escasos. Eso sí, como las autoridades hablan de un proceso paulatino, también en este caso, la puerta permanece entornada para posibles avances posteriores, si es que llegan. En realidad, por ahora, el poder queda en manos de esos organismos de reciente creación que son las Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial. Unos organismos independientes, en teoría, del poder político que supervisarán las decisiones. Así que, una vez analizados los textos legales hay que poner en cuestión algunos titulares que han circulado en Internet en los que se hablaba, por ejemplo, de la aparición en Cuba de salarios vinculados a los pactos que se establecieran entre empresarios y trabajadores. Sin embargo, sí hay una novedad. Por fin, al referirse a los pagos que las empresas hacen al Estado se habla de impuestos. Y, al final son, precisamente, los impuestos los que fijan las fronteras que separan a los súbditos de los ciudadanos.
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