El Departamento de Estado de EEUU anunció el 11 de julio la retirada de visados al presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, así como a dos miembros clave de su Gobierno. La decisión fue justificada por la represión tras las protestas de 2021, pero ha sido rechazada de forma contundente por los países que integran la Alba-TCP, quienes ven en esta medida un nuevo intento de castigar la soberanía del pueblo cubano.
EEUU justifica las sanciones en su política de defensa de los derechos humanos y en su respuesta ante la represión política en la isla.
Según explicó el Departamento de Estado, las restricciones migratorias impuestas al presidente Miguel Díaz-Canel, al ministro del Interior, Lázaro Alberto Álvarez Casas, y al ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Álvaro López Miera, forman parte del compromiso de EEUU con la rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos ocurridas durante las protestas del 11 de julio de 2021.
Las medidas incluyen la retirada de visados y podrían extenderse a familiares de los funcionarios sancionados. La administración estadounidense ha sostenido que el Gobierno cubano “encarceló injustamente a más de 700 manifestantes” tras esas protestas.
El bloque bolivariano acusa a EEUU de actuar por miedo a la influencia del modelo cubano en América Latina.
La reacción del bloque regional no se hizo esperar. En un comunicado difundido por redes sociales, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América – Tratado de Comercio de los Pueblos (Alba-TCP) condenó «de forma categórica e inequívoca» las medidas adoptadas por Washington.
«La obsesiva hostilidad contra Cuba forma parte de una política anacrónica que busca castigar al pueblo cubano por decidir ser libre y soberano«, señala el texto, que además acusa a EEUU de tener «un temor profundo ante el ejemplo de resistencia, dignidad y soberanía que representa la Revolución Cubana».
El comunicado refuerza la imagen de solidaridad regional con Cuba en el marco de una política exterior que desafía la hegemonía estadounidense en el continente
La Alba-TCP, integrada por países como Venezuela, Nicaragua, Bolivia o San Vicente y las Granadinas, ha sido un aliado constante de La Habana frente a las políticas de sanciones promovidas por EEUU.
Este nuevo episodio de tensión se suma a una larga lista de medidas restrictivas impuestas por distintas administraciones estadounidenses desde hace décadas. Para el bloque bolivariano, estas acciones no solo afectan al Gobierno, sino que también castigan al pueblo cubano y violan principios del derecho internacional.
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