Cuatro años después de que miles de cubanos salieran a las calles para exigir libertad y el fin de la represión, Estados Unidos intensifica su presión sobre el régimen de La Habana. En una medida sin precedentes, el Gobierno de Donald Trump ha impuesto sanciones directas contra el presidente Miguel Díaz-Canel, responsabilizándolo de la represión brutal de las protestas. La acción marca un nuevo capítulo en la relación bilateral, justo cuando persiste el descontento social en la isla.
El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció la inclusión de Miguel Díaz-Canel y otros altos dirigentes cubanos en la Sección 7031(c), una disposición que veta su entrada a EEUU por estar implicados en violaciones graves de derechos humanos.
Además del mandatario cubano, también fueron sancionados el ministro de Defensa, Álvaro López Miera, y el ministro del Interior, Lázaro Alberto Álvarez Casas, junto a sus respectivas familias.
La medida prohíbe la entrada a EEUU a los líderes sancionados y es la primera vez que se aplica directamente al presidente de Cuba
Rubio recordó que más de 700 manifestantes del 11J siguen encarcelados, muchos de ellos bajo condiciones de tortura y abuso.
EEUU también ha restringido la emisión de visados a funcionarios judiciales y carcelarios vinculados con la represión de las protestas. Según Washington, estos individuos fueron responsables de la detención arbitraria y los abusos sistemáticos contra los manifestantes.
Las nuevas sanciones refuerzan la estrategia de aislar internacionalmente al régimen cubano y debilitar su aparato represivo
En paralelo, la Casa Blanca ha ampliado la lista de propiedades restringidas en Cuba, sumando once hoteles y alojamientos vinculados al Grupo de Administración Empresarial, S.A. (GAESA), el poderoso conglomerado económico controlado por las Fuerzas Armadas cubanas.
Entre los incluidos está el hotel Torre K, un nuevo edificio de 42 plantas en La Habana. La medida busca evitar que fondos de ciudadanos estadounidenses terminen en manos del ejército cubano.
Trump reitera que no permitirá que el turismo y las inversiones estadounidenses financien «a los represores corruptos de la isla»
Las manifestaciones del 11 de julio de 2021 fueron un punto de inflexión en la historia reciente de Cuba. Impulsadas por la escasez de alimentos, medicinas y la crisis económica agravada por la pandemia, las protestas dejaron más de 1.400 detenidos y decenas de sentencias a prisión.
El Gobierno cubano respondió con mano dura, lo que generó una ola de condenas internacionales. La acción de Trump busca mantener viva la presión sobre el régimen y señalar a los responsables directos de la represión.
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