Las últimas informaciones que llegan desde La Habana, siempre sometidas a todas las matizaciones que sean necesarias en función de la fuente emisora y los distintos canales, apuntan a la reiteración en el anuncio de una suerte de proceso de liberalización a la caribeña que incluye por un lado, a las nuevas profesiones liberales autorizadas que por cierto, son prácticamente las mismas cuyo ejercicio se autorizó a finales de la década de los noventa y que posteriormente se fueron haciendo desaparecer y por otro nuevos elementos como el posible copago sanitario, más simbólico que otra cosa, y la introducción de la idea del final de la enseñanza universal y gratuita, como derecho inalienable. Las últimas informaciones que llegan desde La Habana, siempre sometidas a todas las matizaciones que sean necesarias en función de la fuente emisora y los distintos canales, apuntan a la reiteración en el anuncio de una suerte de proceso de liberalización a la caribeña que incluye por un lado, a las nuevas profesiones liberales autorizadas que por cierto, son prácticamente las mismas cuyo ejercicio se autorizó a finales de la década de los noventa y que posteriormente se fueron haciendo desaparecer y por otro nuevos elementos como el posible copago sanitario, más simbólico que otra cosa, y la introducción de la idea del final de la enseñanza universal y gratuita, como derecho inalienable. Estamos ante el primer hervor en el proceso de cocinado de una posible estrategia política que traslada a la población la idea de que hay que pagar por cosas que antes eran gratuitas. Estas comunicaciones inciden ahora sobre una población en la que aún no ha terminado el periodo de luto por la pérdida de los comedores de empresa o por el adelgazamiento intensivo al que ha sido sometida últimamente la cartilla de racionamiento.
Ocurre también que los peor pensados han dado en imaginar lo que puede esconderse detrás de semejantes movimientos. Un proceso de tres años en el que se ha anunciado e iniciado el desmontaje de los mecanismos de protección social que sirvieron nominalmente para amparar los sistemas de ayuda en vigencia bajo el sistema político impulsado por la nomenclatura comunista.
De lo que no se habla en ningún caso, a pesar de los distintos y periódicos rumores que circulan al respecto entre los inversores internacionales, es de la posibilidad de revisar el principio de la propiedad estatal con la introducción de fórmulas que permitieran la propiedad privada. Eso parece que no entra en el conjunto de asuntos de próxima revisión que habría sobre la mesa de la ‘juvenil’ dirigencia del país. Por cierto que el verdadero inventor de todo esto, este compañero Fidel, sigue sin enterarse o querer enterarse de lo que pasa en la Isla y mantiene sus prédicas sobre las amenazas nucleares a las que, según él, el mundo tendrá que enfrentarse pronto.
