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«El anteproyecto de Ley de la Comunicación Social está disponible desde este martes 12 de julio en el sitio web del Ministerio de Justicia para su lectura y consulta por los ciudadanos», subraya un mensaje divulgado por la Unión de Periodistas de Cuba (Upec) en su sitio en Twitter.
De acuerdo a la comisión redactora del anteproyecto de ley, la propuesta es fruto de una exhaustiva investigación documental sobre las normas jurídicas que se han establecido en el mundo, especialmente en América Latina, además de revisarse 309 normativas de la nación para verificar el tratamiento dado a la comunicación, y de otros 61 documentos de los fondos del Instituto de Historia de Cuba.
En sus 12 capítulos, el documento legal busca regular la comunicación en el ámbito comunitario, mediático e institucional, así como en el ciberespacio, la gestión de los procesos, y en los asuntos vinculados a la publicidad y el patrocinio, y la imagen y marca país, destaca un despacho publicado por la Agencia Cubana de Noticias.
En declaraciones ofrecidas en conferencia de prensa, el vicepresidente del Instituto Cubano de Radio y Televisión, Onelio Castillo, que también integra la comisión redactora del anteproyecto, explicó que la propuesta que se presenta a la ciudadanía es la versión 32 de este documento, que «aborda la gestión estratégica e integrada de los procesos de comunicación social en los ámbitos institucional, mediático y comunitario».
Según el funcionario, el anteproyecto trata el rol de ese proceso en los espacios públicos físico y digital, así como los principios de organización y funcionamiento para todos los medios de comunicación social.
También se expresó el vicepresidente de la Upec, Jorge Legañoa, quien calificó el anteproyecto de ley de Comunicación Social como «una propuesta de ley inédita, robusta y estratégica para la construcción de un sistema de comunicación en la mayor de las Antillas, y permite educar en materia de información y comunicación a los públicos».
Los medios de prensa y comunicación en Cuba son de propiedad estatal, y están adscriptos a instituciones y organismos del Estado y organizaciones políticas y sindicales.
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