Tensión en Cuba ante una nueva marcha opositora

Movimiento San Isidro
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Después de tres meses de aparente calma ciudadana, los ánimos están a punto de caldearse nuevamente en Cuba. Un grupo de opositores pretende desafiar al Gobierno con una manifestación que fue desautorizada y que podría generar nuevas tensiones.

Prevista inicialmente para el 20 de noviembre, la marcha organizada por el grupo Archipiélago –sin reconocimiento legal dentro de Cuba- fue adelantada para el día 15 de ese mes debido al anuncio gubernamental de la realización de tres días de ejercicios militares.

Para este fin ya se habían entregado solicitudes ante los gobiernos municipales en diferentes provincias del país, con listas de firmantes –algunas apócrifas según denuncias realizadas-, y con una fuerte campaña propagandística en redes sociales, lanzada fundamentalmente desde el sur de EEUU, donde se concentra el mayor número de opositores a la Revolución cubana.

Originalmente, el anuncio del Gobierno de realizar maniobras militares y entrenamientos de defensa popular fue interpretado por los organizadores como una antesala al rechazo de su solicitud de movilización, lo que definitivamente se concretó el pasado 12 de octubre, cuando las alcaldías de varias ciudades cubanas hicieron públicas sus negativas a la realización de la manifestación.

¿LEGAL O ILÍCITA?

Los organizadores de la marcha citan el artículo 56 de la nueva Constitución cubana, que expresa que «los derechos de reunión, manifestación, y asociación, con fines lícitos y pacíficos se reconocen por el Estado siempre que se ejerzan con respeto al orden público y el acatamiento a las preceptivas establecidas en la ley».

Por su parte, la negativa del Gobierno a autorizar el evento se basó en que la marcha esconde «fines desestabilizadores» y no se reconoce legitimidad en las razones que se esgrimen para su realización.

Las alertas en las autoridades cubanas se dispararon cuando la convocatoria a la marcha opositora recibió inmediato respaldo por políticos federales de EEUU que adversan abiertamente al Gobierno de la isla, operadores políticos y medios de comunicación que –consigna uno de los documentos denegatorios- «alientan acciones contra el pueblo cubano, intentan desestabilizar el país e instan a la intervención militar».

También se les recordó a los posibles manifestantes que, de acuerdo con la carta magna de Cuba, el ejercicio de los derechos de las personas «solo está limitado por los derechos de los demás, la seguridad colectiva, el bienestar general, el respeto al orden público, a la Constitución y a las leyes».

A su vez, el Gobierno cubano acusa a los promotores de la marcha de mantener vínculos con organizaciones «subversivas» o agencias financiadas por Washington, con la intención manifiesta de promover un cambio de sistema político en Cuba.

También acusa a los organizadores de la protesta de mantener estrechos vínculos con sectores de la contrarrevolución tradicional y nuevos personajes, «educados en los cursos de liderazgo que financian fundaciones norteamericanas», de acuerdo a un comunicado publicado por la cancillería cubana.

Las autoridades de la isla apuntan además que detrás de la convocatoria a esta marcha, que califica de «desestabilizadora», están líderes del llamado Consejo para la Transición Democrática de Cuba, una plataforma desde EEUU que se articula en función del golpe anticonstitucional en el país, financiados por la National Endowment for Democracy (NED).

INCONGRUENCIAS Y FALTA DE LIDERAZGO

A todo este complicado escenario, se une además el rechazo de algunos grupos radicales de cubanos exiliados en EEUU, quienes deslegitiman el proyecto de marcha, porque sus organizadores buscaron desde un inicio aprobación en el Gobierno de la Habana, y, en su opinión, debían salir a las calles y enfrentar a las autoridades sin mediar solicitudes de permiso.

El carácter pacífico que se anuncia también es cuestionado, teniendo en cuenta hechos de violencia contra personas, vehículos e instituciones que se vieron en los disturbios del pasado 11 de julio en varias ciudades de la isla, dado la falta de liderazgo que no permitió mantener el control de los manifestantes.

También llama la atención la poca respuesta ciudadana a la convocatoria, a pesar del descontento manifiesto de un sector de la población, pero que no comulga con agendas diseñadas fuera de Cuba.

DESAFÍO AL GOBIERNO

A pesar de la negativa gubernamental a autorizar la realización de la marcha, sus promotores insisten en mantener el llamado a salir a las calles, lo que sin dudas anuncia probables encontronazos con las fuerzas de seguridad y con grupos ciudadanos que apoyan al Gobierno.

«El 15 de noviembre nuestra decisión personal será marchar cívica y pacíficamente por nuestros derechos. Frente al autoritarismo responderemos con civismo y más civismo», expresa un comunicado publicado por los promotores de la protesta en la red social de Facebook, divulgado por varios medios de prensa internacionales.

La movilización se realizará en momentos en que el país da sus primeros pasos de recuperación de la pandemia del covid-19, y precisamente el mismo día en que la isla abrirá sus fronteras al mundo después de largos meses de encierro.

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