La reciente divulgación de las sanciones de seis directivos de entidades municipales de La Habana, quienes se apropiaron en cuestión de dos años de fondos equivalentes a unos 355.000 dólares, volvió a poner en la palestra lo que muchos consideran un mal galopante en Cuba: la corrupción. La reciente divulgación de las sanciones de seis directivos de entidades municipales de La Habana, quienes se apropiaron en cuestión de dos años de fondos equivalentes a unos 355.000 dólares, volvió a poner en la palestra lo que muchos consideran un mal galopante en Cuba: la corrupción.
Los imputados eran el director de la empresa de Servicios Comunales (limpieza y recogida de basura) del municipio de Boyeros, la directora municipal de Finanzas y Precios, la responsable del Centro de Gestión Contable, y otras tres funcionarias de menos rango, quienes falseaban nóminas y las cantidades de dinero a pagar a los empleados o incluso hicieron grandes transferencias de fondos y, lo peor del caso, sin que las entidades superiores se dieran por enteradas.
A nivel de calle se afirma que casos como este “abundan en todas partes y a todos los niveles”, e incluso se preguntan si la guadaña también alcanzará a dirigentes superiores que debieron ejercer un control más preciso y al parecer estaban en las nubes.
Unos afirman que “si Granma publica todos los casos, iguales o peores, se acaba el papel en el país”, y que incluso las cárceles están llenas de funcionarios corruptos, pero que como se divulga tan poco, al parecer “nadie escarmienta por cabeza ajena”.
