El centro de Estudios de la Economía Cubana, entidad paraoficial, calcula en 1.000 millones de dólares (720 millones de euros) los ingresos que las arcas estatales obtendrán en 2011 de los nuevos impuestos sobre el trabajo privado, según publica EFE. El centro de Estudios de la Economía Cubana, entidad paraoficial, calcula en 1.000 millones de dólares (720 millones de euros) los ingresos que las arcas estatales obtendrán en 2011 de los nuevos impuestos sobre el trabajo privado, según publica EFE. Dichos impuestos gravarán tanto la producción y venta de productos y servicios como el alquiler de viviendas, entre otras cosas.
En este sentido, el Gobierno ha establecido duras sanciones para aquellos propietarios que alquilen las habitaciones de sus domicilios sin el consentimiento estatal y sin abonar la cuota establecida. Según se anuncia en la Gaceta Oficial, dichos propietarios se arriesgan a la perdida de sus viviendas, que pasarían al fondo estatal, en el plazo de 30 días. Para los alquileres de viviendas y locales comerciales entre otros, será aplicado un impuesto de hasta el 20%. Las autoridades cubanas adelantaron que este último tributo tiene un carácter preventivo, ya que evitará «concentraciones» de riqueza y la utilización «indiscriminada» de la fuerza de trabajo.
El marco regulatorio fija un pago mensual del 10% sobre las ventas o servicios prestados, además de una contribución a la Seguridad Social de 25% «en la base de contribución que seleccione el trabajador», según el texto de la Gaceta Oficial. El Estado ha anunciado su previsión de establecer un sistema de subsidios en el caso de que el trabajador del cuerpo funcionarial estatal despedido, no pueda ser «reubicado’. Los sectores más críticos consideran que el Gobierno de Raúl Castro busca afianzar su control sobre el nuevo panorama de trabajo privado que se avecina. Aseguran que con la presión fiscal que se pretende aplicar, la iniciativa privada lo tendrá más difícil para prosperar y asentarse.
