Marcha atrás

Como dicen que rectificar es de sabios, las autoridades de Estados Unidos dieron marcha atrás a una decisión que levantó ronchas en Miami y en La Habana en las últimas semanas porque habría echado abajo una amplia gama de asistencia pública a más de 3.000 inmigrantes cubanos a su llegada a Estados Unidos. Como dicen que rectificar es de sabios, las autoridades de Estados Unidos dieron marcha atrás a una decisión que levantó ronchas en Miami y en La Habana en las últimas semanas porque habría echado abajo una amplia gama de asistencia pública a más de 3.000 inmigrantes cubanos a su llegada a Estados Unidos. «Esta es una noticia excelente para miles de familias cubanas y para las comunidades de toda la Florida», dijo Hiram Ruiz, director de servicios a los refugiados en Miami-Dade del Departamento de Niños y Familias (DCF). Ruiz dijo que el DCF fue notificado de que los Departamentos de Estado y Seguridad Interna habían retirado la decisión, la cual hubiera afectado a cónyuges e hijos menores de residentes legales de Estados Unidos.

La misión estadounidense había anunciado el 27 de octubre que los cónyuges e hijos menores de edad de residentes legales, quienes estaban siendo procesados bajo el Programa de Reunificación Familiar Cubano (CFRP), serían procesados como solicitantes de una visa regular de inmigrante a partir del 1 de enero. Bajo el CFRP, creado en el 2007 para aminorar las demoras que algunos cubanos enfrentaban en sus solicitudes de visa, se permitía a los aprobados para entrada en EEUU que viajaran de manera expedita bajo un «parole» y no se les obligaba a esperar por la visa en Cuba. Pero el anuncio del 27 de noviembre dijo que se habían resuelto las demoras, y que el Gobierno estadounidense había decidido regresar al método antiguo de procesamiento de los cónyuges e hijos de residentes. A diferencia de los demás inmigrantes, los cubanos que llegan al país con parole califican para beneficios que incluyen el derecho a exámenes médicos y vacunas, Medicaid y el programa Asistencia Médica a los Refugiados, así como servicios de búsqueda de empleo, aprendizaje del idioma inglés y asistencia de guardería. Si hubiera mantenido su decisión inicial, los cubanos afectados tendrían a partir del 2011 que acudir a los hospitales y clínicas públicos, así como a los sobrecargados programas estatales para asistencia con empleos y el idioma. Además hubiera provocado que más personas salieran de la isla en precarias embarcaciones pues con los cubanos se cumple la denominada ley de «pies mojados, pies secos».

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