En medio de informaciones sobre el tema, que la prensa cubana deja caer a cuenta gotas, continúan los temores, preocupaciones, dudas y, sobre todo, muchas expectativas sobre los cambios que se le vienen encima al país al calor de las reformas que va implementando el Gobierno de Raúl Castro, en especial por el drástico recorte de más de un millón de puestos de trabajo en el sector estatal en los próximos años. En medio de informaciones sobre el tema, que la prensa cubana deja caer a cuenta gotas, continúan los temores, preocupaciones, dudas y, sobre todo, muchas expectativas sobre los cambios que se le vienen encima al país al calor de las reformas que va implementando el Gobierno de Raúl Castro, en especial por el drástico recorte de más de un millón de puestos de trabajo en el sector estatal en los próximos años.
Se comenta cada vez con más fuerza que ya comenzó en varios organismos estatales lo que se considera una primera etapa en el proceso de despidos, que se llevará en sólo seis meses 500.000 empleos.
Hasta la Iglesia católica mantiene la vista en los posibles cambios, y al respecto el cardenal Jaime Ortega aseguró públicamente que «la cesación laboral de muchos será un proceso de readaptación que tendrá una dificultad especial», e insistió en que «hay preocupación; yo diría que hay un poquito de expectativa».
Pero al mismo tiempo consideró que las transformaciones apuntan a «un giro» que «es en sí mismo positivo».
El diario Granma, en tanto, admitió que «es cierto que podríamos encontrar núcleos familiares afectados en el transcurso de la aplicación de esta medida, pero al lado de ellos estará la Revolución humanista, evaluando y proponiendo soluciones, acordes con sus posibilidades reales».
A pesar de esa profesión de fe, para muchos la cosa no está clara y dudan de que el Estado pueda brindar su acostumbrada y desbordada contribución humanista a los afectados, más aún cuando la medida ha sido tomada, según las autoridades, porque la economía del país no soporta más tamaña carga.
Angel, un comprador de una importante empresa del Ministerio de la Industria Sideromecánica se rompe la cabeza sobre cuál será su futuro, pues ya conoce que la empresa en la cual trabaja desde hace muchos años (un gigante dedicado a la importación de maquinaria agrícola) desaparecerá casi completamente. No obstante le han asegurado que para los trabajadores de su especialidad hay cabida en otras entidades que sobrevivirán a los ajustes, al menos en esta primera etapa.
El Gobierno estima que con la eliminación de poco más de un millón de plazas -500.000 de ellas entre este octubre y marzo de 2011- de las 4,2 millones existentes en empresas e instituciones estatales, imprimirá mayor productividad y eficiencia a la economía, y con lo que ahorre prevé aumentar salarios.
Esa es la esperanza que queda a muchos de los que hasta ahora no han sido considerados «disponibles», pues al parecer no solo mantendrán sus puestos, sino que recibirán un salario mayor, como resultado, por supuesto, de un mayor «contenido de trabajo».
Según el plan del presidente Raúl Castro, unos 465.000 de los cesantes deberán ser absorbidos por el sector no estatal, por lo que se otorgarán licencias para pequeños negocios en 178 oficios y cooperativas de producción de bienes y servicios, que deberán pagar varios impuestos.
Pero las expectativas se mantienen porque muchos desconocen cuándo comenzarán las inscripciones, cómo en resumidas cuentas podrán ejercer los nuevos empleos y cuál será la carga impositiva.
Las medidas van más allá de lo que muchos calculan, pues incluso se promueve la mediana empresa, no solo la pequeña, con la autorización de la contratación libre de fuerza de trabajo -antes solo permitía familiares-, que también estará gravada.
Pero en una isla donde la propiedad estatal ocupó casi toda la economía durante medio siglo, este germen de capitalismo resulta para muchos una experiencia inédita que no saben cómo enfrentar y les cuesta trabajo jugar a ser empresarios.
El tema sigue siendo el centro de las comidillas en todas partes y evidencia que la gente está preocupada.
Para calmar inquietudes, se celebraron incluso en las últimas semanas miles de asambleas promovidas por los Comité de Defensa de la Revolución (CDR) en las cuales se trató de explicar en los barrios la necesidad de la medida, y lo mismo hizo la Central de Trabajadores de Cuba (CTC, única) lo hizo en los centros laborales.
En las reuniones en los centros de trabajo se aprobaron los Comité de Expertos, un grupo de empleados que sugerirá a la administración los «idóneos» para las plazas en el Estado según eficiencia, productividad, experiencia y preparación demostrada, y quiénes deben quedar «disponibles».
«El tema medular radica en el cómo se apliquen esas transformaciones: si se hacen desde posiciones tecnocráticas, sin lograr un consenso real que tenga en cuenta, en todo lo posible, los intereses legítimos de los diversos sectores sociales, pueden ser letales para el proyecto socialista», opinó el académico José Vidal.
