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Las acciones implementadas para garantizar un control correcto de los carburantes han fracasado porque no fueron alcanzados los objetivos.

Las autoridades cubanas parecen dispuestas a acabar con uno de los grandes problemas de la economía, el contrabando de combustible, y en esa dirección la vicecontralora general, Acela Martínez, anunció que las empresas y entidades del Estado que salgan con resultados desfavorables en las auditorías que se están llevando a cabo, recibirán una penalización del 50% del combustible que les asigna el gobierno.

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