El presidente de Cuba, Raúl Castro, ha anunciado una lluvia de programas piloto para reflotar la economía de la Isla y conseguir crear una red de producción y distribución de alimentos. La mayoría de estos planes se han comenzado a poner en marcha en Santiago de Cuba, cuna de la familia Castro, pero ninguno de ellos ha llegado, por el momento, a La Habana. Las autoridades de La Habana han vuelto a anunciar un nuevo proyecto que se enmarca en su afán por constituir una red de producción y distribución de alimentos. El Gobierno de Raúl Castro ahora ha decidido crear pequeñas granjas urbanas alrededor de pueblos y ciudades, para producir más alimentos a menor precio.
El programa piloto del proyecto se desarrolla en la provincia central de Camagüey, que tendrá unas 1.400 pequeñas extensiones de unas 52.000 hectáreas a pocos minutos de la ciudad, según datos del Ministerio de la Agricultura.
El plan sigue la línea de los cientos de ‘organopónicos‘ urbanos desarrollados en la década de 1990 por Raúl Castro, entonces ministro de Defensa de la Isla, cuando la economía cubana tocó fondo tras el colapso del socialismo en Europa del Este.
Hace unas semanas las autoridades de La Habana anunciaban la legalización de algunos vendedores furtivos. La experiencia piloto se ha realizado en Santiago de Cuba, la patria chica de la familia Castro, dirigida por Lázaro Expósito, primer secretario del PCC en esta provincia. La decisión de los responsables provinciales de permitir algunas operaciones comerciales callejeras ha sido considerada por Radio Bemba (el nombre con el que se denominan los rumores en Cuba) como una pequeña concesión a las ‘empresas’ privadas antes prohibidas en la economía estatal. Vendedores ilegales han ofrecido furtivamente sus productos durante décadas en las carreteras y calles de Cuba.
Desde que Raúl Castro ocupa la presidencia del país se ha centrado en combatir el desabastecimiento de alimentos y entre otras estrategias ha descentralizado las decisiones en el sector agrícola, ha aumentado los precios que el Estado paga a los campesinos por sus productos y ha entregado tierras en usufructo ociosas a unos 100.000 agricultores y cooperativas. También ordenó mejorar el sistema de distribución.
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