Mientras el Senado de EEUU avanza en un drástico recorte de 9.000 millones de dólares en gasto federal, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, ha denunciado la aprobación de fondos millonarios para programas dirigidos a fomentar el cambio de régimen en Cuba. Según La Habana, se trata de un negocio corrupto que alimenta intereses políticos en Washington a costa del pueblo estadounidense y cubano.
Críticas de Cuba al presupuesto “anticubano”
El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba calificó de “negocio corrupto” el nuevo presupuesto de 75 millones de dólares aprobado por el Senado de EEUU para fomentar la subversión en la isla. En su mensaje en la red social X, Bruno Rodríguez acusó a “políticos anticubanos” de impulsar estos fondos mientras se aplican recortes sociales en su propio país.
“Renuevan el corrupto negocio de quienes siguen enriqueciéndose del contribuyente estadounidense y de los daños que sufre nuestro pueblo”, escribió el canciller
Rodríguez también reiteró que su país ha sido blanco de una estrategia sistemática de desestabilización financiada con fondos federales estadounidenses.
Programas para desestabilizar el Gobierno cubano
La Cancillería cubana ha denunciado en diversas ocasiones que estos fondos se destinan a campañas mediáticas, financiamiento de grupos disidentes y promoción de acciones de desestabilización. Estas iniciativas, según el Gobierno de la isla, tienen como objetivo final provocar un cambio de régimen.
El propio canciller señaló al secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, como uno de los principales promotores de estos programas, acusándolo de utilizar el dinero de los contribuyentes en planes subversivos contra Cuba.
Cuba denuncia que mientras se eliminan servicios esenciales en EEUU, se destinan recursos a atacar su soberanía
Washington aprueba recortes mientras financia la subversión
El Senado estadounidense aprobó en la madrugada del jueves un paquete de recortes de unos 9.000 millones de dólares en gasto federal, en respuesta a una solicitud del presidente Donald Trump. Ahora, el proyecto debe ser ratificado por la Cámara de Representantes antes de ser promulgado.
En este contexto de austeridad fiscal, la decisión de financiar con 75 millones las operaciones contra Cuba ha sido duramente cuestionada por el Gobierno de La Habana, que denuncia la contradicción entre el discurso de ahorro interno y el gasto en operaciones internacionales de injerencia.
