Las autoridades cubanas parecen dispuestas a acabar con uno de los grandes problemas de la economía, el contrabando de combustible, y en esa dirección la vicecontralora general, Acela Martínez, anunció que las empresas y entidades del Estado que salgan con resultados desfavorables en las auditorías que se están llevando a cabo, recibirán una penalización del 50% del combustible que les asigna el gobierno.
Tal afirmación la hizo en una asamblea en la oriental provincia de Las Tunas, cuyas autoridades reconocieron que las acciones implementadas para garantizar un control correcto de los carburantes han fracasado porque no fueron alcanzados los objetivos.
El pasado año las gasolineras de esa provincia solo vendieron mensualmente 0,18 litros por cada licencia operativa de transporte, pero curiosamente los vehículos particulares no se pararon, porque sin dudas se movían en mayor medida con el combustible procedente de las entidades estatales, cuyos choferes, e incluso administrativo, lo vendían a un precio mucho menor que el oficial.
Pero ese no es un problema privativo de Las Tunas, sino que se repite en alguna medida en los restantes territorios del país, algo que resulta un barril sin fondo en un país donde el combustible representa el mayor gasto de las importaciones.
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