El Gobierno de Raúl Castro ha comenzado a dar muestras de apertura política con el levantamiento de algunas restricciones que, paso a paso y con cuenta gotas, están cambiando la vida cotidiana de los cubanos en una revolución próxima a cumplir medio siglo. El Gobierno de Raúl Castro ha comenzado a dar muestras de apertura política con el levantamiento de algunas restricciones que, paso a paso y con cuenta gotas, están cambiando la vida cotidiana de los cubanos en una revolución próxima a cumplir medio siglo.
El fin de algunas prohibiciones, algunas incluso inconstitucionales, como la compra de herramientas, electrodomésticos, DVD, ordenadores, teléfonos móviles y la apertura de los hoteles para los cubanos, junto con una fuerte reforma agraria que ha comenzado por entregar a los ciudadanos tierras en usufructo, han sido acogidas en principio, con alivio por parte de los cubanos. Sin embargo, esta alegría inicial por las nuevas libertades choca con la poca capacidad de compra de la mayoría de los habitantes de la Isla, ya que estos productos deben pagarse en pesos convertibles (CUC), mientras que los ciudadanos cobran sus salarios en pesos cubanos.
El CUC equivale 24 pesos cubanos (1,08 dólares). Las autoridades bancarias locales calculan entre un 60% y 70% la cantidad de cubanos que tienen acceso a la divisa, que proviene fundamentalmente de las remesas que cubanos en el exterior envían a la familia.
Algunos ven en este hecho un peligro que Fidel Castro había intentado evitar durante su mandato: la diferencia entre dos clases de cubanos, los que tienen CUC y los que no. A juicio de los expertos, Raúl Castro quiere dar la impresión de que hay espacio para la reforma, aunque sin tocar ninguno de los aspectos esenciales del régimen cubano.
Incluso la hija del presidente, Mariela Castro, aboga ahora porque estas iniciativas den paso a un cambio más firme en la política de la mayor de las Antillas.
En una entrevista al diario Corriere de la Sera, la hija del mandatario cubano aseguraba que «poder ir a un hotel y tener acceso a aparatos eléctricos» deberían ser derechos constitucionales en la Isla. La sobrina de Fidel aboga también por abolir el permiso de salida, además de poner especial énfasis en que se resuelva el problema de la doble moneda.
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