El Gobierno cubano en un intento de acabar con la corrupción ha puesto en marcha un sistema de auditorías que han arrojado un saldo de 16.000 delitos en empresas estatales en los últimos tres años. El Gobierno cubano en un intento de acabar con la corrupción ha puesto en marcha un sistema de auditorías que han arrojado un saldo de 16.000 delitos en empresas estatales en los últimos tres años. El más habitual, la venta no autorizada de productos por parte de los empleados. En declaraciones al diario Granma, Caridad Sabó Herrero, funcionaria de la Fiscalía General de Cuba, asegura que también se ha detectado un incremento de acuerdos ilegales entre empresas estatales y particulares con el objetivo de legitimar operaciones comerciales ilícitas. Según la información suministrada, también se han detectado irregularidades en los presupuestos elaboradas por las empresas estatales. Algunos de ellos están inflados y otros contemplan inversiones de obras que no se han autorizado. Otro de los delitos comunes es la realización de transacciones bancarias no permitidas o el uso indebido de créditos. Las investigaciones se han centrado en las empresas de los sectores de salud, turismo y gastronomía.
