En octubre de 1960, Estados Unidos impuso oficialmente un embargo económico parcial a Cuba, en respuesta a las expropiaciones realizadas por el castrismo de bienes de empresas y ciudadanos norteamericanos en la isla. Año y medio después, el 3 de febrero de 1962, el entonces presidente estadounidense, John F. Kennedy, promulgó una medida con la que convirtió en total dicho embargo.
Las autoridades de la isla han reclamado en numerosas ocasiones el fin de este «bloqueo», asegurando incluso que, con Biden en la Casa Blanca, se están endureciendo las restricciones. Lejos quedan en cualquier caso el acercamiento entre Washington y La Habana que llevaron en diciembre de 2014 a la normalización de relaciones bilaterales.
«El Gobierno Revolucionario, en nombre del pueblo de Cuba, reclama enfáticamente el fin del Bloqueo impuesto por Estados Unidos», ha subrayado este jueves el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, coincidiendo con el sexuagésimo aniversario de la conocida como Proclama 3447.
«Nuestra denuncia se mantendrá firme e invariable hasta tanto no cese esta política inhumana e ilegal», ha dicho Díaz-Canel en su cuenta de Twitter. Según su Gobierno, el embargo ha supuesto en estas última seis décadas pérdidas superiores a los 144.000 millones de dólares.
El Ministerio de Exteriores cubano ha cargado también en un comunicado contra esta «política de cerco y asfixia económica», que atribuye a intereses políticos de Estados Unidos y a su objetivo de «dominación imperialista». «A lo largo del tiempo, los pretextos han variado, pero los propósitos han sido los mismos», ha señalado.
La Habana lo considera incluso un «acto de guerra económica» con consecuencias no solo de tipo bilateral, sino también en las relaciones con terceros países. En este sentido, el departamento que encabeza Bruno Rodríguez ha advertido de que «frena» la inversión extranjera y «corta toda fuente de ingresos».
«El bloqueo no ha tenido nunca el menor atisbo de legitimidad, ni justificación moral», ha apostillado, describiéndolo como «una violación masiva, flagrante y sistemática de los Derechos Humanos» equiparable incluso al «genocidio». En los últimos dos años, el Gobierno de Cuba ha reconocido que el embargo perjudica su capacidad para hacer frente a la pandemia de COVID-19.
Para el Ministerio de Exteriores cubano, este supuesto «reforzamiento del bloqueo» alcanza «límites insospechados de crueldad», si bien ha subrayado que las autoridades de la isla no variarán sus actuales políticas, por muchas presiones que reciban. «Parecería que 60 años no han sido suficientes para comprender que no ha cumplido, ni cumplirá, los objetivos de sus promotores», ha avisado.
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