Algunos observadores internacionales interpretan que la inusitada cantidad de información que aparece estos días en la prensa oficial cubana sobre los casos de corrupción acaecidos en las empresas públicas podría responder a un objetivo concreto: introducir reformas en la gestión que supondrían una cierta liberalización económica. Algunos observadores internacionales interpretan que la inusitada cantidad de información que aparece estos días en la prensa oficial cubana sobre los casos de corrupción acaecidos en las empresas públicas podría responder a un objetivo concreto: introducir reformas en la gestión que supondrían una cierta liberalización económica.
El proceso tampoco iría demasiado lejos, sin embargo. Se trataría de volver a una situación similar a la que ya hubo en la Isla a mediados de la década de los noventa. De ese propósito surgiría también el hecho de que el vicepresidente del Consejo de Estado, Carlos Lage, parezca recobrar en los últimos tiempos parte del protagonismo perdido.
Además, justo en esa clave es como estos analistas interpretan también los insistentes rumores que circulan por La Habana de que el Gobierno va a presentar en los próximos días una lista del tipo de actividades que podrían realizar los trabajadores por cuenta propia, lo más parecido a los empresarios privados o los emprendedores que ha existido en la Isla en las últimas cinco décadas.
Los rumores hablan también de la posibilidad de que se publiquen unas nuevas normas fiscales sobre los beneficios obtenidos por este grupo que sirvan para aflojar un tanto la presión que el Estado cubano ejerce ahora sobre él y que en la práctica ha conseguido reducirlo casi al mínimo en el último lustro.
