Poco ha durado el alivio que experimentaron los proveedores hace apenas un mes, cuando el Gobierno de Raúl Castro autorizó a las empresas a gastar hasta 10.800 dólares en sus operaciones financieras sin la autorización del Banco Central. Poco ha durado el alivio que experimentaron los proveedores hace apenas un mes, cuando el Gobierno de Raúl Castro autorizó a las empresas a gastar hasta 10.800 dólares en sus operaciones financieras sin la autorización del Banco Central. Frente al optimismo inicial por esta iniciativa, los empresarios se han topado de lleno con una nueva reforma de Raúl Castro, esta vez para reforzar el control de las importaciones. Según publicaba el diario Nuevo Herald en su página web el pasado 3 de junio, las autoridades de la Isla han cancelado las operaciones comerciales de una treintena de empresas estatales, además de suprimir oficialmente las relaciones entre entidades cubanas y los operadores de zonas francas. Con esta medida, el Gobierno cubano habría reducido a 16 las compañías públicas que pueden realizar importaciones, eso sí, siempre autorizadas por el Ministerio de Comercio Exterior. La decisión parece apuntar a un reforzamiento del control gubernamental sobre las importaciones al calor de una declarada batalla por eliminar gastos y aumentar las producciones nacionales.
