Algunos analistas consultados por este diario consideran que un número considerable de inversores estadounidenses, incluso institucionales, están tomando posiciones en compañías que comercian con la Isla. Algunos analistas consultados por este diario consideran que un número considerable de inversores estadounidenses, incluso institucionales, están tomando posiciones en compañías que comercian con la Isla.
Como demuestra el muy floreciente comercio agroalimentario bilateral entre Cuba y Estados Unidos, las leyes del país norteamericano en las que se sustenta el histórico embargo comercial tienen algún que otro hueco. Zonas de sombra que, en la mayoría de los casos, hasta hace muy poco prácticamente no eran aprovechadas por los empresarios estadounidenses, o, al menos, no aprovechadas como oportunidades de negocio.
Más bien se trataba de puntos de fuga que ayudaban a impedir un posible castigo derivado de operaciones de expansión o asociación en las que la Isla, en realidad, no jugaba papel alguno.
La norma en cuestión permite en algunos casos que se autorice a una compañía de Estados Unidos a que sin tener el control pueda participar en el accionariado o en la propiedad de cualquier corporación internacional que tenga relación con la Mayor de las Antillas, siempre que esta ligazón no suponga más del 50% de la facturación total.
Como se ve, incluso con el peligro siempre latente de la Helms-Burton, esta disposición legal da un amplio margen a las empresas estadounidenses para crear filiales con otros socios o, simplemente, tener una posición ampliable en el futuro en cualquier proyecto relacionado con intereses cubanos.
