El banco de Sabadell, cuya presencia en Florida es cada vez más notoria, ha sido señalado por los medios de comunicación estadounidenses como un posible damnificado colateral de la ley impulsada por el anticastrismo radical para frenar a la compañía brasileña Odebrecht. El banco de Sabadell, cuya presencia en Florida es cada vez más notoria, ha sido señalado por los medios de comunicación estadounidenses como un posible damnificado colateral de la ley impulsada por el anticastrismo radical para frenar a la compañía brasileña Odebrecht. Esta empresa tiene intereses tanto en Cuba como en Miami y los radicales quieren prohibir que las compañías que trabajen en la Isla accedan a contratos públicos. De hecho, la iniciativa se ha traducido en una ley, que ya ha sido firmada por el gobernador Rick Scott, a pesar de que, en principio, no parecía estar muy de acuerdo con la iniciativa. Sobre todo porque rompe frontalmente con la política favorable a la inversión empresarial que ha querido implantar.
Aunque la norma parece haber sido escrita a la medida de Odebrecht, como explicábamos antes, esta compañía no es la única empresa a la que podría afectar la nueva legislación. Este sería también el caso de la entidad financiera española, según una información al respecto publicada por el Wall Street Journal. Según los articulistas de este periódico, el Sabadell tiene una filial en Miami que ha conseguido la aprobación de los supervisores de Florida para recibir depósitos público y, además, figuraría en una página web oficial del Gobierno cubano como propietario de una oficina en la Isla. Un caso que comparte con la entidad financiera británica Lloyd’s y la japonesa Sumitomo, aunque en este caso, los responsables de la filial de Florida aseguraron al Wall Street Journal que Sumitomo of America no tiene relaciones empresariales con La Habana, aunque no desmienten la posibilidad de que la central de Tokio sí las mantenga.
De momento, la campaña está frenada. Un juez federal de Miami ha impedido que Florida pusiera en vigor la nueva ley, aunque sólo de manera cautelar. El Tribunal respondía así a una demanda presentada por Odebrecht contra esta legislación en la que la compañía brasileña argumentaba que la Constitución de EEUU fija con claridad que todas las atribuciones para imponer la política exterior sólo corresponden a Washington y, por lo tanto, la norma del Estado violaría ese principio constitucional.
