Las reclamaciones por las propiedades confiscadas por el Gobierno cubano siguen siendo un asunto crítico en las negociaciones entre Cuba y Estados Unidos. Casi 6.000 reclamaciones por propiedades confiscadas tras la Revolución llevan estancadas en la Comisión de reclamaciones del Extranjero (FCSC) estadounidenses en un proceso que se prolonga desde hace más de 50 años. Las reclamaciones por las propiedades confiscadas por el Gobierno cubano siguen siendo un asunto crítico en las negociaciones entre Cuba y Estados Unidos. Casi 6.000 reclamaciones por propiedades confiscadas tras la Revolución llevan estancadas en la Comisión de reclamaciones del Extranjero (FCSC) estadounidenses en un proceso que se prolonga desde hace más de 50 años.
Con la nueva situación, muchos de los herederos de dichas reclamaciones esperan que puedan encontrar una solución a sus demandas lo que está provocando la organización de jornadas como la que acaba de organizar el Instituto de Investigaciones Cubanas (CRI) en la Universidad Internacional de la Florida (FIU) y que recoge en un extenso reportaje el Miami Herald.
Así, aunque es la FCSC la autorizada por el Gobierno estadounidense a procesar reclamaciones de propiedades confiscadas a ciudadanos norteamericanos en otros países, a considerar reclamaciones debidamente documentadas de propiedades confiscadas por el gobierno cubano y, en su caso, a gestionar los pagos; también proliferan nuevas asociaciones que aspiran a sacar tajada.
Se trata por ejemplo de la Asociación de Dueños de Reclamaciones Cubanas (Cuban Claims Owners Association, CCOA) que aspira a jugar un papel en la resolución de reclamaciones valoradas en 1.900 millones de dólares. Una cifra que ajustada por la inflación equivaldría a más de 7.000 millones actualmente. Su objetivo sería el de que se puedan negociar las reclamaciones individualmente, y no solo por parte del Gobierno estadounidense.
Unas reclamaciones individuales que estarían protagonizadas por algunas de las mayores empresas estadounidenses ya que 50 corporaciones, algunas aún activas, son dueñas de aproximadamente el 50% del monto de las reclamaciones. Nos referimos a sectores como el eléctrico, el del petróleo, la minería, el inmobiliario o el bancario, entre otros.
No obstante, la solución más probable, según los analistas, es un pago entre gobiernos y no ese acercamiento “más individualizado” que la CCOA pretende. Además, el Gobierno cubano podría ser quien no tuviese más que perder porque la mayoría de las reclamaciones certificados por la FCSC suman una cifra que podría ser saldada con fondos del gobierno cubano congelados por Estados Unidos. Además, aunque Cuba siempre ha admitido que tiene que resolver las reclamaciones por confiscaciones, el Gobierno de Raúl Castro reclama a EEUU una compensación por pérdidas como consecuencia del embargo económico que asciende a 120.000 millones de dólares.
