Según una información, publicada por el semanario Trabajadores, órgano oficial del sindicato único cubano, el Gobierno de la Isla ha aprobado un decreto ley que endurece sustancialmente las penas previstas para aquellos ciudadanos que consuman electricidad sin pagar la factura. Según una información, publicada por el semanario Trabajadores, órgano oficial del sindicato único cubano, el Gobierno de la Isla ha aprobado un decreto ley que endurece sustancialmente las penas previstas para aquellos ciudadanos que consuman electricidad sin pagar la factura.
La nueva legislación prevé un escalonamiento de las penas aplicadas para los infractores que va desde multas y cortes de servicio por periodos de tres a 15 días a pagos retroactivos de un año completo de consumo.
La tercera reincidencia, sin embargo, será considerada delito y el infractor pasará a disposición de la Justicia, que podrá aplicar penas de cárcel de hasta un máximo de ocho años.
En diciembre del año pasado, La Habana aprobó una subida de las tarifas eléctricas que se encarecen en función de los aumentos de consumo que realicen los usuarios del servicio.
El nuevo precio ha supuesto una subida del 200% en la factura media de las familas cubanas, que han pasado de pagar unos 50 pesos cubanos mensuales a 200 desde la entrada en vigor de las nuevas tarifas.
La escalada de los precios se inició en 2005, después de que en mayo del año pasado el Gobierno cubano aplicara una subida del 42,8% a las pensiones, que quedaron fijadas en 150 pesos cubanos; de un 125% al salario mínimo (ahora 225 pesos cubanos) y un 25% al salario medio (282 pesos cubanos). Desde entonces, junto al coste de la electricidad, se han movido al alza casi todos los precios de los bienes y servicios subvencionados. Y también otros que no lo están, como la telefonía móvil o la gasolina.
